dimarts, 13 d’octubre del 2009

Costa pacta con Camps su salida "temporal" a cambio de abrir una comisión de investigación

PUBLICO.ES

El secretario general del PP valenciano asegura que no dimitirá hasta que no se cree una comisión de investigación mientras Camps anuncia el cese "en el tiempo que la dirección nacional crea oportuno". El PP citará a Costa en los próximos días para que se explique ante el Comité de Derechos y Garantías.

Sigue la fiesta en el PP valenciano. El Comité Ejecutivo Regional del PPCV concluyó esta tarde apenas una hora después de su inicio con un acuerdo para cesar temporalmente de sus funciones al secretario del PPCV, Ricardo Costa, según anunció el presidente regional del partido, Francisco Camps, al término de la reunión. Aunque en realidad no fue una destitución sino un pacto: Ricardo Costa ha pactado con Camps su salida temporal mientras una comisión interna investiga las finanzas del PP y la gestión del propio Costa.

Camps, por su parte, se limitó a pedir unidad y a aceptar las condiciones impuestas por Costa, aunque dicho con sus palabras. Mientras Costa ofrecía una rueda de prensa tras la reunión, Camps comentaba a los periodistas que Costa "ha cesado en sus funciones en el tiempo que la dirección nacional crea oportuno para saber exactamente lo que pueda haber ocurrido".

El presidente valenciano ha asegurado también que el Gobierno central "utiliza todos los instrumentos en su mano para hacerle daño al PPCV". "Pero estamos unidos porque creemos en la Comunitat Valenciana y en España".

Costa, impasible

Costa, mientras, dejaba meridiana su postura: sólo dimitirá cuando se abra la comisión de investigación. "La voluntad como militante del PP es que si Camps tiene alguna duda sobre mi gestión, que abra una investigación. Y si la abre yo presentaré mi dimisión. He pedido, por tanto, que si no se abre esa comisión de investigación interna, ratifique mi puesto como secretario general del PP valenciano".

Costa aseguraba en la rueda de prensa que seguirá como portavoz: "Sigo como portavoz del grupo parlamentario del PP. Yo estoy a disposición de la dirección nacional. A lo mejor la dirección nacional considera que las explicaciones que he dado esta mañana son suficientes. Yo no he escuchado al señor González Pons pedir mi cabeza".

Una hora de reunión

La reunión del Comité Ejecutivo duró poco: a las 19.30 horas se abrieron las puertas de la sala, en la sede del PPCV, en la calle Quart de Valencia, donde sonaban los aplausos de los asistentes. Los primeros en salir de la reunión fueron el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el diputado Federico Trillo.

El Comité Ejecutivo del PP valenciano en el que se consumó la destitución de Ricardo Costa como secretario general empezó poco después de la 18:00 horas en medio del mutismo absoluto de sus dirigentes, la táctica por la que apuesta todo el partido después de las declaraciones del propio Costa esta mañana.

Poco antes de empezar la reunión Camps jugó al despiste con los medios de comunicación y con el propio Ricardo Costa. El president apenas posó unos segundos para los reporteros gráficos y aprovechó que una puerta estaba abierta para escabullirse (literalmente) de los periodistas.
Tampoco realizó declaraciones Ricardo Costa, al que se vio aparentemente relajado, ni ningún otro de los 94 miembros que conforma el comité, con la excepción del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, declarado zaplanista, quien declaró a los medios que hubiera preferido que Camps hubiera dado algún tipo de explicación antes de la reunión, pero que esperará a escuchar sus explicaciones antes de hacer una valoración.

Entre los asistentes al Comité Ejecutivo estuvieron los diputados nacionales Juan Costa —hermano de Ricardo—, Federico Trillo y Esteban González Pons.

Igualmente, asisten al Comité Ejecutivo regional Andrea Fabra (diputada nacional por Castellón); Vicente Ferrer (Valencia); María Adelaida Pedrosa (Alicante); e Ignacio Gil Lázaro (Valencia), según informaron a Europa Press fuentes 'populares'.

Cita para los próximos días
El PP citará en las próximas fechas a Ricardo Costa para que "pueda ser escuchado" y explique su posición. La comparecencia de Costa en la sede nacional del PP, aún sin fecha concreta por lo que señala la nota de prensa, tendrá lugar ante el Comité de Derechos y Garantías.

En el comunicado la dirección nacional del PP se refiere al cese de Costa como una suspensión "temporal y a petición propia", tanto en sus funciones de secretario general como de portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes. El propio Camps se ha encargado, según consta en el comunicado, de trasladar la medida a la dirección nacional del PP, que acto seguido ha acordado citar a Costa en el seno del Comité de Derechos y Garantías.

Este órgano tiene por objeto garantizar a los afiliados sus propios derechos como tales, así como resolver "los procedimientos disciplinarios que en el orden interno se sigan contra" ellos. Tal y como consta en la página web del PP, el Comité de Derechos y Garantías "se constituye con competencia nacional y regional" y lo preside el dirigente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

EL SUMARIO JUDICIAL DE "RIC" COSTA APUNTA A CAMPS Y A RAJOY

publico.es
Caso Gürtel: El sumario judicial'Ric' Costa apunta a Camps y a Rajoy: "Nunca actué al margen de las directrices del PP".
Insta al PP a que le investigue.
Pedirá explicaciones sobre su "cese temporal".
Asegura que no será "chivo expiatorio".
Una cuestión de confianza interna.
Un Comité Ejecutivo "duro" para Costa El PSOE exige a Arenas que se explique.
La trama participó en la visita del Papa.
Juan Costa no podrá ir al debate sobre el "cese temporal" de su hermano.
El PP se amilana ante las amenazas de Costa
Ni De Cospedal ni Sáenz de Santamaría ofrecerán este martes sus tradicionales ruedas de prensa.

LAS PREGUNTAS QUE CAMPS NO QUIERE RESPONDER SOBRE LA TRAMA CORRUPTA

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 13/10/2009. elpais.com

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afronta hoy una de las reuniones de partido más difíciles a las que ha asistido. Forzado por la dirección nacional del PP, Camps ha convocado esta tarde al Comité Ejecutivo Regional del partido para proponer la destitución "temporal" de su mano derecha y portavoz parlamentario, Ricardo Costa. Primero será el todavía secretario general del PP quien presente su informe y, posteriormente, Camps, como presidente, quien haga la propuesta de destitución y explique las razones. El jefe del Consell intentará, sin embargo, no responder a las principales preguntas que se hacen en el PP. Estas son algunas de ellas.

- ¿Quién introdujo a Álvaro Pérez El Bigotes y a Orange Market como proveedores del PP en la Comunidad Valenciana? Ricardo Costa es secretario general del PP desde el 13 de junio de 2007, cuando la dirección regional de los populares ya llevaba, al menos, dos años contratando casi en exclusiva todos sus actos con Pérez. Costa entró en el equipo de Camps como vicesecretario general del PP en noviembre de 2004.

- ¿Conoció Camps a los miembros de la trama como secretario regional del PP? El pen drive incautado por la policía al contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, incluye dos apuntes referidos al décimo congreso regional del PP en la Comunidad Valenciana, celebrado en 2002. Uno en dinero A de 90.151 euros y otro en B de 150.412 euros. Camps, al que Eduardo Zaplana ya había nombrado secretario general, era el encargado de visar la contabilidad.

- ¿Por qué negó Camps su estrecha amistad con El Bigotes? Las conversaciones grabadas a Álvaro Pérez con Francisco Camps, Ricardo Costa y David Serra, entre otros, demuestran la estrecha relación del responsable de Orange Market con la cúpula del PP. Pero, también, cómo este recibía encomiendas institucionales de Presidencia, se le atribuía capacidad de influir las decisiones de gobierno y tenía relación no sólo con Camps sino con su esposa, Isabel Bas.

- ¿Sabía el presidente que Costa intentó arreglar el asunto de los trajes con Pedro García (director de RTVV) y Pérez? La investigación policial desvela que el número dos del PP intentó buscar una solución para justificar los trajes regalados por la trama corrupta. Unos trajes que Camps insiste en que pagó con dinero en metálico de la farmacia de su mujer.

- ¿Quién facilitó a la trama corrupta contratos por valor de ocho millones de euros con la Generalitat desde 2005? Nadie ha dado una explicación convincente. Camps se remite siempre a que no se impugnó ninguna de las adjudicaciones.

- ¿Qué papel ha jugado el vicepresidente Vicente Rambla? Responsable de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007, Rambla ostentaba ya amplias responsabilidades en el Consell. A través de una de las empresas públicas, Rambla adjudicó a Orange Market un contrato superior al medio millón de euros. El Bigotes se queja en las conversaciones con Costa de que el vicepresidente se resiste a pagar lo que se les adeuda. En otras ocasiones, Pérez se felicita de que Rambla les ayudará a conseguir grandes eventos para la Generalitat.

- ¿Quién puso en contacto a Orange Market con las constructoras que, supuestamente, financiaron actos del PP?

Álvaro Pérez era, prácticamente, proveedor exclusivo de la dirección regional del PP y de la Generalitat. Aunque El Bigotes también compartía con Pedro García amistad con Vicente Cotino, responsable de la constructora Sedesa y sobrino del vicepresidente Juan Cotino, nadie ha explicado por qué esta constructora y otros grandes promotores como el alicantino Enrique Ortiz (Ortiz e Hijos) o los castellonenses Enrique Gimeno (Facsa) y Luis Batalla (Lubasa) contactaron con Orange.

- ¿Qué garantías tiene Camps de que no habrá más escándalos? Nadie en el PP tiene hoy en día la seguridad de que no haya más escándalos. La confianza solicitada por Camps, que desde el pasado mes de febrero insiste en que no hay nada de nada, se ha volatilizado.

dilluns, 12 d’octubre del 2009

TODOS LOS NOMBRES DE LA TRAMA GÜRTEL

ESTHER MUCIENTES| Madrid / EL MUNDO
Actualizado miércoles 07/10/2009 19:30

Un total de 17 políticos relacionados con el Partido Popular cobraron presuntamente 5,5 millones de euros de la trama corrupta de Francisco Correa en especies y efectivo. Estos son los nombres de la trama:

FRANCISCO CORREA: "Llámame Vito, Don Vito", le ordenó un día Francisco Correa al administrador de sus empresas en un intento por convertirse en el personaje que hizo saltar a la fama a Francis Ford Coppola.

Correa es el líder y cabecilla de la presunta trama. Su estrecha relación, sus tratos de favor y sus regalos a varios dirigentes del PP le sirvieron para crear una red de corrupción. Su don de gentes le llevó a codearse y entablar relación con lo más selecto del PP. En total Correa habría 'invertido' en política unos 5,5 millones de euros. Los investigadores calculan que las ganancias sumarían ocho veces más. El sumario revela además que las aspiraciones de Correa no tenían límite y tanto él como 'El Bigotes' intentaron continuar con la red de corrupción desde la cárcel.

PABLO CRESPO: El ex secretario de Organización del PP gallego y 'número dos' de 'Don Vito' ha sido una de las sorpresas recogidas en el sumario al descubrirse que también los 'populares' gallegos recibían los favores de la trama. Crespo relató a su abogado desde la prisión de Soto del Real de la existencia de una documentación que podría revelar irregularidades en la financiación del PP gallego entre 1996 y mediados de 1999. "El lío que se puede montar es morrocotudo", dijo a su letrado. Del análisis de estos datos, el informe policial concluye que existía un importe de los gastos generados por el PP justificados mediante recibos y otros que no lo estaban, los cuales "se tratan de justificar mediante la emisión" de facturas de distintas empresas que formaban parte del entramado societario de Francisco Correa.

ALVARO PÉREZ, 'El Bigotes': Amigo de Ricardo Costa, Francisco Camps y Víctor Campos, 'El Bigotes' era la extensión de Correa en Valencia. Gestionó la compra de un deportivo para Costa, puso en contacto a Camps con Bill Richardson y otras muchas cosas más, según el sumario, todo con el fin de extender los tentáculos de la trama de corrupción por Valencia haciéndose con los actos electorales del partido y con adjudicaciones de la Generalitat.

JOSE LUÍS IZQUIERDO: Es el contable de la red, el que movía todas las ganancias, todos los pagos y el que saneaba las cuentas de la corrupción (la caja B). Izquierdo, por orden del ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo y número dos de la trama de Correa, llevaba un detallado control de la contabilidad y, para ello, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento. En el informe policial se destaca que durante el registro practicado en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, éste intentó esconder en la mano una memoria externa, lo que pone de manifiesto que "conoce la relevancia de la información que almacena" el dispositivo y la sensibilidad y confidencialidad de los datos.

ALEJANDRO AGAG: El yerno y ex asesor de José María Aznar, Alejandro Agag, aparece en las anotaciones contables de la 'caja B' de las empresas de Francisco Correa. Correa fue amigo de Agag durante años. Fue incluso uno de los 24 testigos de su boda con Ana Aznar en 2002. Quien también fue testigo del enlace de Agag fue el también imputado Jacobo Gordon, también empresario y compañero de carrera -Empresariales- de Alejandro Agag.

JESÚS SEPULVEDA: Según se desprende del sumario del caso, Jesú Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex coordinador electoral del PP nacional, tuvo una relación muy estrecha con el líder de la trama de corrupción, Francisco Correa. Tan intensa era dicha relación que Sepúlveda pudo recibir al menos durante cuatro años entregas casi mensuales de dinero por un montante total de más de 442.992 euros a cambio de contratos para las empresas de Correa. La documentación también desvela a Sepúlveda como perceptor de suculentos regalos, entre ellos un todoterreno, un Jaguar, una pantalla de plasma y otros.

ANA MATO: El nombre la actual vicesecretaria de organización del PP y ex mujer de Jesús Sepulveda aparece también en el sumario de caso. El informe de la policía del 23 de marzo señala que la red cambió la titularidad de un vehículo Suzuki Swift GT8 en 1994. Este coche pasó de ser de la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, a ser transferido a Mato.

LUÍS BARCENAS: Ex tesorero del PP y senador habría recibido 1,05 millones de euros "en efectivo" de la trama corrupta de Francisco Correa. De acuerdo con las investigaciones, Bárcenas habría recibido un mínimo de un millón de euros, "percepciones económicas irregulares" que "no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción". También su mujer, Rosalía Iglesias Villar, aparece como una de las 64 personas que figuran como imputadas en la rama madrileña.

RICARDO COSTA: El que, según Correa, iba a ser "el futuro presidente del Gobierno de este país" es otro de los nombres que aparecen repetidamente en las intervenciones telefónicas, bien por que Álvaro Pérez 'El Bigotes' y otro de los imputados, Pablo Crespo, gestionaron para él la adquisición de un vehículo de alta gama. Según estas conversaciones contenidas en el sumario, 'El Bigotes' se refiere a Costa como "un amigo de verdad", al que querría aunque fuera "un pobre de pedir". Además, el sumario revela que el dirigente valenciano recibió como regalo un reloj de 20.000 euros del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi -que no está imputado en la trama-. Pérez se lo cuenta a Crespo y le relata que ha ido con Costa a que le ajusten la correa, y que éste estaba "como un niño con zapatos nuevos".

FRANCISCO CAMPS: Según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal recogido en el sumario, el presidente de la Generalitat valenciana recibió un cobro en especie de 12.738 euros. En una conversación, 'El Bigotes' cuenta que Camps quería hacerse una foto con Barack Obama y que el le había convencido de que eso era imposible y le había ofrecido como alternativa un encuentro con el gobernador de Nuevo México. Un mes después, Camps viajó a EEUU y se entrevistó con Bill Richardson.

FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS: Las virtudes hipnóticas de Correa también llegaron hasta el ex ministro de Fomento durante el Ejecutivo de Aznar. En uno de los interrogatorios en la Audiencia Nacional a 'Don Vito' éste revela una "cierta relación" con el ex ministro. "Me dio una cuenta en Aena y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos". Además, Pablo Crespo detalla también que organizó viajes para el PP cuando Álvarez Cascos y Javier Arenas ocupaban la Secretaría General.

ALBERTO LÓPEZ VIEJO: "El muñidor de toda la operativa" de la rama madrileña del 'caso Gürtel'. Así le denomina el propio Correa al que fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre y ex consejero de la Comunidad de Madrid.

Según una conversación de Correa transcrita por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, "cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto". La Comunidad de Madrid asignó 66 contratos por valor de 760.717,87 euros a tres empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008. "(...) él decía 'Ahora en un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros, y facturáis 11.900 IVA incluido; a fulanito, a través de una empresa, otros 11.900 y pico".

BENJAMÍN MARTÍN VASCO: 345.166 euros en efectivo y especies fue la cantidad que el diputado madrileño recibió de la trama. El precio de los presentes concedidos a los implicados madrileños, variaba desde los 20 euros hasta "bolsos de mil y pico euros" para "secretarias", trajes de Milano, albornoces con invitaciones a spas, pero también coches todoterreno e incluso dinero en efectivo a personas como Martín Vasco. Según contó Felisa Jordán, colaboradora de Correa, Juan Fernández, otro de los responsables de la trama, hizo un comentario sobre Martín Vasco que le sorprendió y demuestra su implicación con el caso: "Vaya tela, cómo está Benjamín Martín Vasco, el Correíta lo tiene mosqueado. Me dijo, lo tiene mosqueado porque no le ha pagado lo que le debe", en total "cuatrocientos mil euros".

JOSÉ LUÍS PEÑAS: Las aspiraciones políticas de Correa venían de lejos, según se desprende del contenido de una reunión que mantuvo el 7 de febrero de 2006 con, entre otros, el ex concejal de Hacienda de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, uno de los denunciantes de la trama de corrupción. En ese encuentro, Correa plantea la idea de concurrir a las elecciones municipales en esa localidad con una fundación planteada "no como un partido político, sino como una empresa". "Correa dice que tiene que decir que esto va a ser diferente y que no va a ser para amiguetes. Que si después resulta que es igual, da lo mismo, porque ya estás gobernando", señala el sumario.

ALFONSO BOSCH TEJEDOR: parlamentario autonómico del PP. Ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, el magistrado Baltasar Garzón le atribuyó los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. El magistrado cree que "habría recibido pagos" del grupo Correa por su intermediación en la adjudicación de obras locales.

JOSÉ GALEOTE: El juez impuso una fianza de 1.000.000 de euros a este ex concejal del PP en Boadilla, quien ante el juez negó que hubiese cobrado los sobornos que le atribuye Garzón -612.506 euros- y sólo admitió que pidió un préstamo a Correa para comprar un coche, aclarando que se lo devolvió íntegro en tres plazos. Es el padre de Ricardo Galeote, también imputado, y del eurodiputado Gerardo Galeote, que no lo está, pese a que Garzón sostiene que percibió 652.310 euros de la 'red Gürtel'.

ARTURO GONZÁLEZ PANERO: El ex alcalde 'popular' de Boadilla del Monte, a quien el juez Pedreira impuso una fianza de 1.800.000 euros, tampoco quiso declarar cuando fue requerido por el magistrado, el pasado 9 de junio. Está acusado de asociación ilícita, cohecho (sobornos), tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

GUILLERMO ORTEGA: Alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa. Aprobó contratos con Special Events por más de 125.000 euros. Hasta el pasado 10 de febrero ocupaba la gerencia del Mercado Puerta de Toledo, un cargo designado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ginés López: ex alcalde de Arganda del Rey. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber recibido 1,3 millones de euros en sobornos de las empresas gestionadas por Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

La investigación del 'caso Gürtel' - LAS REVELACIONES DEL SUMARIO SOBRE LA RED DE CORRUPCIÓN DE FRANCISCO CORREA
Siete constructoras favorecidas por el PP en Madrid pagaron 10 millones en sobornos
La trama se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según la policía.

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 12/10/2009. EL PAÍS.

Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.

Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.

Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.

La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.

Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).

- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.

La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.

El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.

- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.

- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.